Esta resolución del Supremo deja claro como actúan las instituciones públicas, y los partidos que las sustentan, supone, además, la constatación del largo trecho que separa a sus discursos de los hechos. Dicen actuar en nombre del interés público y siempre adornan sus programas con encendidas loas a la conservación del patrimonio natural y cultural del archipiélago, pero sentencias como esta permiten asegurar que es mentira, que son otros los intereses que defienden. Los contribuyentes nos gastáramos millones de pesetas (todavía no había llegado el euro) en una obra que afectaba irreversiblemente a una comunidad que dependía de esos nacientes (estas fluentes son las razones que explican la existencia del pago de Taguluche.) No importó que el suministro de agua a la embotelladora implicaba la muerte de los ecosistemas incluidos en el espacio protegido del Lomo del Carretón. Y, para colmo, una grave afección al palmeral que está incluido, a propuesta de las instituciones canarias, en la Red Natura 2000. Todo esto se denunció en su momento y no sirvió de nada. Llegaron los defensores de la disparatada embotelladora hasta el Supremo defendiendo lo indefendible unos y por eso los han condenado a pagar la costas del pleito, estos señores y estos partidos son los mismos que presumen de actuar en nombre del interés de a sociedad.

El Director General de Industria y Energía, en resolución del 25 de mayo de 1998 acordó declarar de interés social el proyecto de envasado de aguas preparadas en Taguluche. El proyecto iba acompañado de un informe del impacto ambiental carente del más mínimo rigor científico y técnico. De nada valieron las protestas de los vecinos y de las asociaciones conservacionistas, tampoco les hizo cambiar de opinión que San Sebastián acogiera la mayor manifestación celebrada en la historia de La Gomera para pedirles que reconocieran su error y paralizaran el proyecto. Recuerdo que el presidente del cabildo no quiso recibir, a pesar de las reiteradas peticiones, ni a los vecinos ni a los representantes de las asociaciones conservacionistas, que el entonces alcalde de Valle Gran Rey se negaba a debatir públicamente la necesidad de gastarnos un montón de millones en una embotelladora que implicaba saltarse a la torera toda la legislación ambiental y la destrucción de unos de los paisajes que definen a la isla. Por el contrario, algunos responsables públicos, como el socialista Casimiro Curbelo y, sobre todo, el ex alcalde de CC Esteban Bethencourt,  emprendieron una campaña de descrédito de las personas que se habían significado en la lucha por conservar sus derechos sobre el agua y por el respeto a las normas legales, es decir por el interés general. La persecución, llegó hasta el punto de presentar contra mi una querella por difamación y calumnias por denunciar públicamente el caso, cuando esta era mi obligación (En aquellos años era el Portavoz de ATAN.) El tiro le salió por la culata al señor Bethencourt  , el juez dejó bien claro que solo denunciaba unos hechos en nombre del interés general y  como portavoz de una asociación conservacionista.

Si hay una persona a la que los vecinos de Taguluche, los gomeros y los canarios en general debemos reconocer  y agradecer su enorme  trabajo para esta sentencia sea una realidad es a Ángeles Rodríguez Mora. Es ella quién ha llevado el peso de los recursos judiciales, la que consiguió convertirlo un tema de alcance nacional al convencer a los responsables de TVE para que la serie El Escarabajo Verde le dedicara un programa. Lo planteó en el Parlamento Europeo al afectar aun LIC, a pesar del nulo apoyo que le prestaron los europarlamentarios canarios, consiguió informes técnicos del CSIC, de la universidad de La Laguna y miles de firmas. Desgraciadamente también consiguió  la difamación  y los insultos de los que defendían otros intereses, que en nada coincidían, como dice la sentencia, con el general. Afortunadamente siempre contó con apoyo de muchos amigos y de la asistencia de un excelente y comprensivo abogado, José Julio García-Ramos Estarriol

En sentencia del 24 de junio de 1992 el TS dice que “no puede la creación de nuevos puestos de trabajo superponerse a los valores ambientales, históricos, paisajísticos y convivenciales” . En lógica consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró ilegal la embotelladora y sentenció: “Es más, basta aplicar la doctrina del Tribunal Supremo para poder denegar la existencia de un interés social, vimos que no es determinante la creación de puestos de trabajo, máxime lo exiguo de ello, 7 puestos; tampoco un abaratamiento de costo. Pero sobre todo, según el alto Tribunal, no se puede superponer un interés económico a otros valore ambientales.”

La embotelladora fue aprobada por todas las instituciones, la declararon de interés social, CC, el PP y el PSOE la apoyaron, pero eso no lo hacía legal, pues en un estado de derecho la legalidad la establecen los tribunales. A las instituciones públicas se les presupone que actúan dentro de a legalidad defendiendo el interés publico, pero sentencia como ésta dejan claro que eso es mucho suponer. Este argumento justificativo lo siguen utilizando personas tan independientes como el director del observatorio del puerto de Granadilla, Antonio Machado para justificar su aprobación a la descatologación de los sebadales  afectado por la construcción de puerto. Tampoco vale, como ha hecho Ricardo Melchior con la sala de lo administrativo del Tribunal Superior de Justicia  de Canarias a propósito de la paralización de las obras del puerto de Granadilla, descalificar al Tribunal con el peregrino argumento de que en Madrid  desconocen la realidad de la sociedad canaria.

Ahora a los contribuyentes nos queda pagar el derribo del edificio y restaurar la zona, pero no importa, lo harán con dinero público y seguirán con sus discursos de defensa de la naturaleza y de apoyo a “su gente”. Ellos deben saber quiénes son, pero seguro que esa gente no están entre los que defendemos el estado de derecho y la conservación del patrimonio natural y cultural de las islas.

Eustaquio Villalba Moreno