Un análisis racional de la política de vivienda de España y Canarias nos lleva a una conclusión aparentemente contradictoria: disponemos de muchos pisos y casas –al tiempo que seguimos construyendo muchos más- pero, sin embargo, el aumento de la oferta residencial coexiste con el crecimiento de los precios y con las dificultades para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda.

En 2002, en España se terminaron 10 viviendas por cada mil habitantes, cifra sólo superada por Irlanda en la Unión Europea de los Quince (UE-15). En Francia, se construyeron 5.2 viviendas por cada mil habitantes; en Alemania, 3.6; en Reino Unido 3.1 y en Suecia 2.2 [1]. Ha habido años en que hemos construido en España tantas viviendas como en Francia, Alemania e Italia juntas [2]. De hecho, en el período 1998-2004, se terminó una media de 545.000 viviendas anuales, pese a que el número de hogares crecía en 281.000 al año [3]. Es indudable que construimos muchas más viviendas que nuestros vecinos europeos.

Y edificamos más a pesar de ser el segundo país de la UE-15 con mayor número de viviendas por cada mil habitantes. Disponemos de 485 viviendas por cada mil habitantes, frente a la media de 452 de nuestros vecinos europeos. Eso sí, España es el Estado europeo con menos viviendas principales por mil habitantes: 329, frente al promedio de 404 de la UE-15 [4]. O sea, por cada mil habitantes nosotros tenemos 156 viviendas que no son principales (están vacías o son secundarias), mientras que nuestros vecinos poseen 48. Así pues, constatamos mayor proporción de viviendas y de construcción de nuevas residencias en España.

Sin embargo, el difícil acceso a la vivienda ha hecho que, por ejemplo, los jóvenes de 25 a 29 años cada vez se emancipen más tarde. En esa franja de edades se emancipaba el 58%, en 1977; el 44%, en 1992 y el 33%, en 1998 [5]. El Consejo Económico y Social de Canarias afirmaba, en su informe anual de 2005, que los canarios destinan el 47% de su renta a la compra de vivienda. Además, añadía: “Continúa en Canarias el crecimiento de la construcción de viviendas desocupadas y el empeoramiento radical del acceso a la vivienda por parte de los sectores de población con las rentas más bajas” [6].

Es sorprendente que, por una parte, constatemos las serias dificultades para acceder a una vivienda en Canarias y, por otra, descubramos que, entre 1991 y 2001, el número de pisos y casas vacíos en el Archipiélago creció el 54.6%, el mayor crecimiento de España [7]. En las Islas tenemos 138.892 viviendas vacías [8] y otras 111.596 contabilizadas como segundas residencias [9]. Es decir, disponemos de capacidad para alojar a otras 700.000 personas. La conclusión es tan heterodoxa como obvia: la solución a los problemas residenciales apenas pasa por nuevas edificaciones. Ni hay escasez de viviendas, ni construyendo más pisos se satisface automáticamente el derecho a una vivienda digna para quienes más la necesitan. Aquí lo que escasea no es el número de pisos y casas, sino la intensidad de las políticas de acceso a la vivienda.

Antes de abordar la cuestión de las soluciones conviene detenerse en las causas del problema descrito. En primer lugar, en Canarias tenemos una figura tributaria, la RIC, a la cual el propio delegado del Gobierno achaca “gran parte de la culpa” por el incremento del precio de la vivienda [10]. En segundo lugar, en el Archipiélago y en el resto del Estado, los sectores adinerados ahorran invirtiendo en pisos y casas. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional señaló, en 2004, que, en países como el nuestro, los “mayores aumentos de precio de las viviendas coincidieron con los descensos más significativos de los precios de las acciones” [11]. Es decir, cuando la inversión en bolsa pierde rentabilidad muchos fondos van al sector inmobiliario. Así, la actividad especulativa colisiona con el derecho a la vivienda.

Un tercer motivo de la disociación existente entre nuestro enorme parque residencial y la satisfacción del derecho a la vivienda proviene de la fiscalidad. El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha manifestado que las deducciones fiscales por compra de vivienda contribuyen a su encarecimiento [12]. Esto se debe a que los promotores fijan el precio calculando el esfuerzo familiar máximo para comprar un piso, incluidas las deducciones fiscales. Si un ciudadano paga menos impuestos al adquirir una casa, ya se encargará el promotor de subirle el precio en una cuantía equivalente a su ahorro fiscal.

Por último, en cuarto lugar, la manera de fijar los precios dificulta el acceso a la vivienda. Los promotores los calculan de manera que siempre se acerquen al límite de la capacidad de endeudamiento de los compradores. De ahí que el Consejo Económico y Social de Canarias advirtiera que, a finales de los años noventa, la subida de los precios de la vivienda en las Islas había absorbido el potencial ahorro generado por la rebaja de los tipos de interés [13].

¿Cómo abordar una política residencial que revierta la situación descrita? Para empezar, tomándose en serio la creación de un parque de viviendas de alquiler social. Tales viviendas en Canarias no llegan a 9.000 [14]. Sin embargo, si tuviéramos idéntica proporción de pisos y casas de alquiler social en el Archipiélago que en la UE-15 dispondríamos de 160.000 [15]. Por supuesto, sería un factor decisivo para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. No es una utopía irrealizable: es lo normal en países con una renta similar a la nuestra.

Habría que gravar fiscalmente la vivienda vacía, reorientar la construcción de viviendas de protección oficial hacia el alquiler social y mediar para introducir en el mercado de alquileres las casas vacías. Sin embargo, gracias a la nueva ley regional que permite recalificar suelo rural, el gobierno canario posibilitará la construcción de otras 120.000 viviendas [16], que se sumarán a las 250.000 viviendas vacías y segundas residencias existentes. Esto quiere decir que el Archipiélago dispondrá en los próximos años de capacidad suficiente para alojar a otro millón de personas. Y, como resultado, se incrementará la ocupación del territorio y se favorecerá un fuerte crecimiento demográfico. Después ya habrá tiempo para culpar a los inmigrantes por el impacto territorial y la superpoblación.

(*) Coordinador de Izquierda Unida