En el contexto de la reforma del Estatuto de Canarias se han rebajado en un 50% las barreras electorales para acceder al Parlamento regional y, asimismo, hará falta el acuerdo de tres quintas partes de los escaños para reformar la legislación electoral del Archipiélago y no los dos tercios requeridos hasta ahora. Esto quiere decir que, por una parte, se seguirá negando el principio democrático elemental de una persona, un voto y que, por otra, se ha reformado la normativa reformadora de unos mecanismos electorales cuya reforma se deja para después de las próximas elecciones. Así que, por lo pronto, nos quedamos con el sistema electoral que uno de sus impulsores, el vicesecretario general del PSC, calificaba recientemente de “injusto y desproporcionado” [1]. Por lo pronto, sigue pendiente el cumplimiento de cinco condiciones para democratizar Canarias.

1. Establecer la circunscripción única y denunciar la falacia de esas siete circunscripciones “naturales” que tergiversan el valor del voto y hacen que el 15% de la ciudadanía canaria esté representada por el 50% del Parlamento regional. Si se considera que hay que sobrerrepresentar a la Canarias desfavorecida no hay que dar más escaños a las islas menores, sino a esos 38 barrios canarios degradados, con esos 305.924 habitantes contabilizados por el Ministerio de Fomento. Fomentó señaló barrios de ciudades de más de 50.000 habitantes con medias de desempleo, analfabetismo e infravivienda superiores en un 50% a la media estatal [2]. En esos barrios sí está el 15% de la población canaria desfavorecida y no en las islas menores que, por lo demás, cuentan con cabildos y ayuntamientos para satisfacer otros niveles de representación territorial.

2. Suprimir la Ley D`Hont, que “corrige” el voto de la ciudadanía para favorecer el bipartidismo y que, además, se ve complementada por el requisito de tener que obtener el 3% de los votos de toda Canarias, o el 15% de los insulares, para acceder al Parlamento regional. Se trata de tres barreras incompatibles con el respeto al principio de una persona, un voto.

3. Recurrir al referéndum en cuestiones controvertidas. Así se lograría el pleno respeto a la voluntad popular y se habría evitado que, por ejemplo, en la votación del Parlamento canario sobre la Constitución europea seis parlamentarios votaran representándose a sí mismos y no a la ciudadanía (el 100% de la Cámara regional votó a favor de la Constitución europea y, por lo tanto, no representó al 10% de canarios que lo hizo en contra).

4. Limitar y controlar el gasto en las campañas electorales. Si en el siglo XIX sólo votaban los ciudadanos más ricos, en el siglo XX, la ciudadanía sólo conoce las propuestas de los partidos apoyados y financiados por los sectores más adinerados. La interferencia del dinero devalúa el voto.

5. Garantizar suficientemente el acceso a los medios de comunicación públicos a las formaciones minoritarias. Si no, la ciudadanía desconocerá su propia pluralidad y qué opciones tiene.

Sin embargo, por lo pronto, los tres partidos mayoritarios en Canarias son incapaces de avanzar hacia la democratización completa porque entienden la democracia, no sólo como expresión de la voluntad popular, sino también como conjunto de técnicas institucionales destinadas al control de la voluntad popular.