El sindicato explica que hace ya algo más de dos años que el profesorado de Canarias viene protagonizando una lucha que inicialmente se esbozó en torno a la reivindicación de un derecho, reconocido por el propio Parlamento de Canarias en 1991 a través de la llamada Ley de homologación, pero que sirvió, además, como expresión y canalización del malestar y descontento que ese mismo profesorado venía y viene acumulando frente a las políticas educativas desarrolladas durante las últimas legislaturas.

Según EA-Canarias, durante estos dos años, el Gobierno de Canarias, lejos de entender que la Educación es un pilar de nuestra sociedad y la mejor inversión de futuro, lejos de comprender el papel que los docentes desempeñan en su desarrollo, aprovechó la ocasión para intentar imponer al profesorado un nuevo sistema retributivo y la ampliación de la jornada laboral, al tiempo que modificaba drásticamente sus condiciones de trabajo y cerraba los foros de negociación, sustrayendo a las organizaciones representativas la posibilidad de ejercer sus competencias como interlocutores legítimos y condenando a los trabajadores de la enseñanza a la más absoluta indefensión.

Además, durante este periodo, el Gobierno ha avanzado en su política de recortes y desmantelamiento del Sistema Educativo Público y ha intentado engañar a la ciudadanía ocultando esta realidad tras unas supuestas “medidas de Calidad” que ha elaborado, aprobado y aplicado a espaldas de la Comunidad Educativa.

Continúa el sindicato señalando que para eludir la reivindicación de la actualización de la Ley de Homologación, el Gobierno ha recurrido a toda suerte de subterfugios, y para maquillar su gestión y el resultado de su política educativa, no ha dudado en utilizar fondos públicos para financiar una campaña de marketing basada en publicidad engañosa.

EA-Canarias afirma que desde el pasado 31 de octubre de 2008, el sindicato presenfó un preaviso de Huelga para el próximo 17 de marzo con el objetivo de seguir defendiendo la demanda de diálogo que el profesorado canario ha mantenido durante estos dos años, cuya tabla reivindicativa es clara a la vez que racional:

"Por la defensa del derecho a la homologación con el resto de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria de igual categoría y titulación (derecho de los docentes reconocido por Ley), contra los ataques a la enseñanza pública y en defensa de una enseñanza digna y de calidad (derecho fundamental de todos los ciudadanos), en defensa de las condiciones de trabajo del profesorado (derecho fundamental de todos los trabajadores)”.

Dentro del punto primero, basado en la defensa del derecho a la Homologación, se pide el reconocimiento, por parte del Gobierno, de la necesidad de actualización de la Ley 4/91 y la negociación de un acuerdo, partiendo de la actual situación económica, sobre futuros plazos que corrijan el agravio comparativo al que se somete a 105 docentes respecto al resto de los funcionarios públicos de la comunidad autónoma.

Como punto segundo, en defensa de. las Condiciones Laborales, se exige el restablecitrdento de los cauces legales de interlocución y negociadón, la apertura inmediata de la Mesa Sectorial de Educación y la retroacción de todas aquellas medidas y marcos normativos que han supuesto un empeoramiento de sus condiciones de trabajo (modificación de horarios, acceso a la formación y al perfeccionamiento, movilidad, retribuciones, licencias por enfermedad) y, particularmente, en relación a las expectativas laborales (oferta educativa, vacantes, procedimientos de adjudicación de destinos, oferta de empleo público ).

El sindicato asegura que no admitirá que ni tan siquiera con el pretexto de la crisis, se sigan perdiendo puestos de trabajo (recorte en la cobertura de sustituciones), precisamente en situaciones como las que sufrimos, las Administraciones Públicas deben ser garantes del mantenimiento, e incluso crecimiento del empleo estable.     

En lo que al punto tercero se refiere, en defensa de una Enseñanza pública digna y de calidad, se demanda una verdadera política que apueste, con hechos y recursos, por el sistema publico (el único que garantiza la universalización el derecho a la educación).

En base a ello, entre las medidas prioritarias se pide el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a Educación y se señalan como urgentes la disminución de ratios; la reducción de grupos mixtos en Primaria; la generalización de la educación infantil de cero a tres años; la dotación de suficientes recursos, humanos y materiales, para desarrollar una adecuada atención a la diversidad durante el horario lectivo (Educación Especial, Refuerzos Educativos, Multiculturalidad, Medidas Compensatorias); la dotación de infraestructuras dignas y seguras; ampliar la oferta de PCP y potenciación de la Formación Pprofesional; garantizar la suficiencia de la oferta, en formación presencial, de todas las modalidades del bachillerato; universalizar el acceso a las nuevas tecnologías en todás las etapas educativas; y aumentar las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de los centros.

EA-Canarias asegura que el 17 de marzo y por los motivos expuestos, el profesorado no universitario de Canarias está llamado a la huelga y a participar en concentraciones y manifestaciones porque la educación es un eje fundamental de vertebración y desarrollo social; porque, aún más si cabe, desde situaciones tan graves como la que estamos padeciendo, es necesario garantizar y potenciar el pleno y correcto funcionamiento de los servicios públicos y, particularmente, como mejor inversión de futuro, el Servicio Educativo.