La denuncia.

Sb-Noticias.- Tal como lo había anuniado, Eligio Hernández, abogado defensor de Soledad Perera -la madre preadoptiva de la niña Piedad-, ha enviado una denuncia a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la magistrada del juzgado de lo Penal 1 de la capital grancanaria, María Gabriela Ramos, por impedir el acceso de la prensa a la vista oral del pasado 26 de febrero y coartar su alegato de defensa con una actitud "prepotente y soberbia" por parte de la jueza.

Soledad Perera fue juzgada el citado día por un delito de desobediencia al negarse a entregar a Piedad a su madre biológica, Ángeles Suárez, delito por el que la Fiscalía le pide un año de reclusión. Éste es el segundo juicio que afronta Soledad Perera por el mismo motivo, lo que podría llevarla a ingresar en prisión de ser condenada nuevamente.

Tal como explico El mismo día Eligio Hernández en Radio San Borondón, "Se le cerraron las puertas tanto a los medios de comunicación allí congregados, a quienes simplemente se les podía haber negado restransmitir el juicio o tomar imágenes, así como al resto del público. “Me limito a leer lo que dice la Constitución: las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que preveán las leyes de procedimiento”, explica Hernández, quien, acudiendo a la ley de procedimiento aclara que “los de juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad. Quiere decir que todo lo que hemos hecho allí esta mañana, es nulo”.

“La juez le ha cogido miedo a los medios de comunicación y al pueblo”

Cuando comenzó el juicio advirtió Eligio Hernández a la juez que este debía celebrarse con audiencia pública y, según se limitó a explicarle, ella había dado instrucciones a la gente en ese sentido. “Creó un pequeño conflicto ante el público, porque tuvo que acudir la Guardia Civil, la Policía, llamados por ella, y cerrar con llave para que la gente no entrara”.

Hernández preguntó al fiscal si le habían notificado acaso a él que el juicio era secreto, pues cuando así se establece tiene que ser por acuerdo de auto motivado. A nadie se le comunicó absolutamente nada. “Con todos los errores judiciales que aquí han habido, y administrativos de la Comunidad Autonóma, de la Dirección General de Protección al Menor... Yo he conocido pocos casos en mi vida profesional, como juez, como fiscal y como abogado, pocos asuntos que hayan tenido tantos errores judiciales como detecté”, asegura el experimentado jurista.

Puesto que los interesados que hasta el juzgado habían acudido no pudieron escuchar el juicio, cuando concluyó este Hernández les ofreció un resúmen. “Pero claro, muy sucintamente, no iba a repetir casi una hora de intervención”, comenta.

Sobre este mismo extremo, la duración de su intervención, denuncia el abogado, que en otras ocasiones ha estado informando durante dos horas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, “y los magistrados me han oído siempre con respeto, con consideración. Siempre he contado con exquisito respeto”. Sin embargo, hoy la juez a mitad de su intervención le interrumpe pidiéndoles que terminara porque tenía otro juicio.

Cuenta Hernández que a esta insólita petición él contestó que la solución era tan fácil como retirarle la palabra, recogerlo en acta y “hemos terminado”. Le tuvo que recordar que, según la ley, “el presidente dirigirá los debates cuidando que no sean impertinentes sin cohartar por esto a los defensores la libertad necesarria para la defensa”.