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Como ciudadana de un estado democrático, respondería que a todos los habitantes de La Palma por igual pero, como ciudadana del mundo diría que a nadie en particular y a todos los habitantes de la Tierra a la vez. Como persona justa y responsable, respondería que todos tenemos los mismos derechos y deberes hacia este territorio insular, sin distinción de sexo, etnia, ideología, status económico o profesión. Además, añadiría con énfasis que, en realidad, esta isla no pertenece a ningún ser humano, sino que todos nosotros pertenecemos a esta Isla y, al igual que todos los seres vivos que la pueblan, tenemos una efímera existencia sobre ella que nos obliga aún más a ser responsables y a preservarla en las mejores condiciones medioambientales posibles, para asegurar la futura supervivencia de todas las especies que habitan en La Palma, incluida la especie humana.
Como ciudadana de un estado democrático, he quedado profundamente decepcionada al comprobar que los “responsables” políticos de la isla de La Palma, no han actuado ni democráticamente ni justamente a la hora “repartir” el territorio palmero entre la población, tal como se pudo comprobar en el Pleno del Cabildo del 14 de Septiembre del 2007, en el que se abordaron las alegaciones al plan Territorial especial de la Actividad Turística (PTE). Los principales partidos políticos CC, PP y PSOE, mostraron un trato discriminatorio hacia miles y miles de ciudadanos que se oponían a este Plan, que impactará negativamente y de forma irreversible a este reducido territorio y a sus habitantes. Siendo una Reserva de la Biosfera, que promueve un desarrollo sostenible, y albergando a uno de los Parques Nacionales más impresionantes, el de La Caldera de Taburiente, esta “Isla Bonita” vería afectada grandes extensiones de suelo rural, de parques naturales y paisajes protegidos, de lugares de interés comunitario (LIC), de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y perjudicaría a numerosas especies endémicas de fauna y flora, algunas de ellas en peligro de extinción. En lugar de velar por el interés general, dichos “responsables” políticos volcaron injustamente la balanza hacia el lado donde sólo se encuentra una minoría de interesados, pero con mucha más influencia económica y política (promotores de campos de golf y villas residenciales de lujo, recalificadores y especuladores del suelo, algunos abogados sin escrúpulos, etc.). También hicieron caso omiso a las 3000 firmas que se recogieron y presentaron el mismo día del Pleno, para manifestarse en contra de la construcción de 5 los campos de golf en la Isla. En resumen, después de haber asistido al pleno del cabildo del 14-S donde presencié la injusta aprobación de todo el PTE, cambiaría mi respuesta planteada a la pregunta que encabeza este artículo y aseguraría tristemente que nuestra isla pertenece en realidad a todas las empresas poderosas e influyentes que buscan el beneficio a corto plazo, sin importarles la destrucción de la isla y, a todos los políticos corruptos y afines que se hacen cómplices de esta destrucción a cambio de favores económicos. Ante estos atropellos institucionales sólo nos queda manifestarnos, denunciarles o, simplemente, penalizarles en las próximas elecciones.
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