Es difícil creer que en estos tiempos se realicen actuaciones que  intentan el desprestigio y la desacreditación personal con hechos que nada tienen que ver con lo estrictamente laboral.

En este caso, durante el juicio laboral del Dr. de la Barreda, se propuso como prueba por parte del HUC su expediente personal, intentando sacar  a la luz temas de su vida privada, de su intimidad personal y familiar, sobre circunstancias acaecidas hace 25 años. Esta referencia por parte de la abogada de la empresa fue recriminada ante el juez por parte del abogado del médico ya que atentaba contra la intimidad personal y la confidencialidad, con intromisión a su vida privada y su honor, que en nada se relacionaba con el juicio y que el propio juez admitió no haber solicitado para el litigio laboral en cuestión. Se hizo referencia de la improcedencia de esa información y se dejaron abiertas las puertas para una posible querella por atentar contra lo anterior enunciado.

Aquí en Canarias estamos acostumbrados a conocer las actuaciones de mafias organizadas o de bandas conocidas como “de los rumanos” o “de los orientales”, pero visto lo visto, parece que no hace falta acudir a más lugares que al propio HUC donde su dirección utiliza estas bochornosas y reprobables formas de atacar a un trabajador, que defiende su derecho a trabajar hasta los 70 años de edad, como ocurre en otros lugares públicos de esta autonomía y de otra muchas, pudiendo, las mismas, constituir un presunto delito a decir del propio abogado del  demandante.

Los ataques a los trabajadores de éste centro sanitario de la Administración Pública Canaria, hoy del Servicio Canario de Salud, es una circunstancia que muchos constatamos y denunciamos desde hace tiempo. Los acosos laborales parecen reflejarse, presuntamente, en esta práctica  que parecen similares a los de la CAMORRA tipo de actuación que hace de la prepotencia y de la omertá (pacto de encubrimiento, de silencio), uno de sus principales puntos de fuerza, que algunos opinan, utilizan los directivos y gestores del HUC. Son actuaciones heredadas de etapas predemocráticas que hay que denunciar y luchar encarnizadamente contra ellas. Los trabajadores de las administraciones públicas no podemos aceptar que se utilicen estas acciones en contra de las opiniones y defensa de nuestros derechos laborales y serán solo los jueces quienes decidan una u otra razón. Pero ataques a la intimidad y libertad del individuo, por mantener una privacidad personal y familiar, no se pueden consentir y hay que denunciarlo.

No sabemos, ni nos preocupa demasiado, cual será la sentencia final del magistrado que se ocupa de esta causa, que el Dr. de la Barreda y su abogado velarán por sus intereses, pero esperamos que esta sucia maniobra orquestada desde la dirección hospitalaria no quede impune y se exijan las máximas responsabilidades penales si las hubieran.

Deseamos hacer saber a todos los trabajadores del HUC que, ante cualquier litigio laboral que tengan con la empresa, su intimidad puede ser violada y mancillada su confidencialidad personal, ya que estos responsables directivos no dudan en atacar vulnerando derechos constitucionales y amparados en la ley que son represivos, inmorales e ilegales con el fin de obtener réditos a sus inconfesables intereses partidarios. Que todos lo conozcan.

Carlos García, Intersindical Canaria - UGT

Hospital Universitario de Canarias