SB-Noticias.- Durante la mañana de este lunes 9 de febrero, los delegados de la Junta de Personal Docente de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria han celebrado una concentración ante la sede de la Consejería, para denunciar la flagrante vulneración de la legislación vigente en cuanto a negociación colectiva se refiere. El presidente de la Junta de Personal Docente de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Pellicer, representante del STEC-IC, afirmó en declaraciones a Radio San Borondón que se trata de “una estrategia absolutamente impresentable, no vista en toda la historia autonómica de Canarias, este grado de perversión de los cauces democráticos de negociación a los cuales esta Consejería está llegando”.
La Junta de Personal es el máximo órgano de representación de todos los docentes canarios y en este caso, la Junta provincial de Las Palmas representa nada más y nada menos que a los 13.000 docentes de la enseñanza no universitaria pública. Hoy estos denunciaban que desde junio del año pasado, la Consejería de Educación, vulnerando toda la normativa vigente, incluso la ley orgánica de libertad sindical y por supuesto el estatuto básico del empleado público, lleva desde entonces sin convocar ninguna mesa sectorial de negociación como viene obligada por ley.
Explica Pellicer que aunque puede parecer un mero formulismo técnico, “es de una gravedad pasmosa”, puesto que deja en una absoluta indefesión a los 26.000 trabajadores de la enseñanza canaria, impidiéndoles negociar sus condiciones laborales y la situación genérica de la educación pública en el Archipiélago.
Al mismo tiempo que no convoca las mesas de negociación, la Consejería unilateralmente publica en Boletín todo tipo de normativas que, afirma Fernando Pellicer, van a ser impugnadas por los distintos sindicatos que componen la Junta. Anuncia asimismo que la Junta de Personal va a iniciar todos los trámites, tanto administrativos como judiciales, para exigir a la administración educativa que se subsane de forma inmediata esta “flagrante” vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores de la enseñanza canaria.
“Queremos trasladar a la consejera de educación y a la nueva directora general de personal, que ya lleva bastantes meses en el cargo pero desde cuyo nombramiento practicamente desaparecieron de un plumazo las mesas de negociación, que vamos a demandar judicialmente y a intentarnos coordinar con la Junta de Personal de Tenerife, que representa a los docentes de la provincia, para intentar impulsar movilizaciones”, anuncia el presidente de la Junta de Personal de Las Palmas.
Insiste además en que esta vulneración de la legalidad es de una gravedad “extraordinaria”, puesto que se están vulnerando derechos constitucionales y derechos establecidos en leyes orgánicas como la ley de libertad sindical de 1985. En este sentido, señala que las consecuencias para los actuales mandatarios de la Consejería de Educación, caso de persistir en esta “tozuda postura” de no negociación, pueden ser bastante graves. “Porque una cuestión es que lleguemos a acuerdos o no, pero lo que es incuestionable es que existe la obligatoriedad de convocar las mesas de negociación”, comenta Pellicer.
Entiende el representante del STEC-IC que esta situación se produce como consecuencia del conflicto de la homologación, sobre el que dice que “sigue absolutamente vivo y latente en los centros, aunque condicionado por la actual situación de crisis económica y el alargamiento mismo del conflicto”.
“Es parte de la estrategia de la Consejería de Educación, del Gobierno de Canarias, ningunear a los docentes canarios, a sus organizaciones sindicales, a sus representantes legítimamente establecidos y adoptar esa postura que en absoluto ayuda a conseguir la paz social necesaria, a establecer los cauces de diálogo necesarios”, concluye Pellicer.
