Varias empresas del sector llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los responsables políticos

Canarias Investiga.- El pasado verano la Policía realizó en el sur de Tenerife la primera operación en España contra el intrusismo en seguridad privada. Hubo varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.

El juez de la Audiencia Nacional pasa unos días en Tenerife con motivo de unas jornadas organizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Carlos Guerra.- Apareció como uno más del séquito que esa tarde participaba en la jornada del TSJ de Canarias sobre Prensa y Justicia en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Consciente de que en estos foros se construye ciudadanía, el juez Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1963) no reniega de encuentros y conferencias cuando lo considera útil. "Si no, prefiero pecar de discreción", señala. Como miembro de la Audiencia Nacional no ha ido de juez estrella, en efecto, a pesar de haber trabajado en temas como el chivatazo del caso Faisán, el accidente del Yak-42 y varias acciones judiciales contra ETA y su entorno.