En junio de 1998, la Junta de Compensación (sociedad a la que pertenece el Ayuntamiento) vendió las parcelas a Inversiones Las Teresitas (propiedad de González y Plasencia) por 30 millones de euros, operación financiada en su totalidad por Caja Canarias. El crédito se concedió el día 24, la venta se selló el 26 y esa misma mañana, la sociedad se inscribió en el Registro Mercantil. Tres días más tarde (el 29), el Tribunal Supremo resolvía a favor de la Junta de Compensación un recurso presentado por el PSOE y la Administración del Estado, permitiendo la urbanización en las fincas a pequeños y medianos propietarios. ¿Percepción extrasensorial, adivinación del futuro, tráfico de información privilegiada, o filtración del contenido de una sentencia antes de que fuese publicada?.

En 2001, el pleno municipal negoció un convenio urbanístico, pagó 52,6 millones de euros a Inversiones Las Teresitas por un grupo de parcelas y, encima, recalificó a esta misma empresa 120.000 metros cuadrados, que pasaron de uso turístico extrahotelero a urbanizable para uso residencial

Pero antes de que el Ayuntamiento adquiriese a Inversiones Las Teresitas el frente de la playa, la arquitecta de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Pía Oramas González-Moro, redactó un informe de valoración de los terrenos pretendía comprar el consistorio. Dicho informe, al parecer, recogía una valoración que era aproximadamente la mitad de lo que el Ayuntamiento finalmente pagó a la mercantil de Plasencia y González, 52,6 millones de euros. Dicho informe, también al parecer, no fue incluido en el expediente de Las Teresitas y el propio Ayuntamiento lo califica de "estudio previo concerniente a las diversas hipótesis de valoración".

Las otras tres tasaciones fueron realizadas por la Sociedad de Tasación SA, el Centro de Política de Suelo y Valoración de la Universidad Politécnica de Cataluña y la Caja General de Ahorros de Canarias (Caja canarias), éste último elaborado por la entidad Tasaciones Inmobiliarias SA. Fue este informe el que usó la entidad bancaria para conceder el crédito de alto riesgo a Inversiones Las Teresitas SL, y según algunas fuentes, sobre valoraba el suelo correspondiente al frente de playa. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto especial atención a las distintas valoraciones del suelo que compró el Ayuntamiento.

La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés, solicitó al menos en dos ocasiones al Ayuntamiento el informe de la arquitecta municipal Pía Oramas González-Moro. El documento, al que la Fiscalía parece dar una gran validez, fue solicitado a la Gerencia de Urbanismo por primera vez mediante un oficio de fecha 20 de julio de 2005. Según el Ayuntamiento, con fecha 7 de septiembre del mismo año se le remiten a la Fiscalía las tres tasaciones encargadas por el consistorio (Sociedad de Tasación SA, Centro de Política de Suelo y Valoración de la Universidad Politécnica de Cataluña y Tasaciones Inmobiliarias SA), a pesar de que el ministerio público no se las había solicitado, y también asegura que se remitió el informe de Pía Oramas. Sin embargo, el 8 de marzo de 2006 la Fiscalía vuelve a solicitar el referido informe de la arquitecta municipal, esta vez por duplicado.

Don Miguel Zerolo, cuyo nombre aparece también en un auto del Juez Baltasar Garzón relacionándolo con el caso Fórum Filatélico, ha repetido hasta la saciedad que se le ha vulnerado sus derechos fundamentales al ser investigado durante más de seis meses cuando pudiera ser que, según EL PAIS, en esa dilación temporal algo ha tenido que ver el propio Ayuntamiento que él preside. Curiosamente, Don Miguel Zerolo, ha alabado la profesionalidad y discreción de doña María Farnés (quién presuntamente le ha vulnerado sus derechos al tardar 17 meses en la investigación) y ha criticado al Magistrado Baltasar Garzón por filtrar el Auto antes de tiempo y al Ministro López Aguilar por meter "PRISA" a los fiscales. En un caso se queja de la "PRISA" y en otro de la "falta de PRISA". Al parecer las investigaciones nunca transcurren con la "PRISA" conveniente.

Pero en el aire queda la sospecha de una presunta obstrucción a la investigación por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz. A la reiteración de la petición de la peritación de Doña Pía Oramas González-Moro, se suma el hecho de que el periódico EL PAIS publicó recientemente que la fiscalía anticorrupción tuvo que pedir "más de ocho veces" la documentación pertinente al Ayuntamiento de Santa Cruz, pues, al parecer, los documentos enviados por los funcionarios responsables, "nunca era la pertinente para el caso que se investigaba". Ese podría ser uno de los motivos de la dilación de la investigación y de que se tuviese que conceder dos prórrogas hasta ultimar la investigación.