Toño Linares.-

El desembarco del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, en el sur de Tenerife, anunciando el retraso de las obras del hospital del sur, ha puesto al descubierto las intenciones del ejecutivo en continuar fomentando la sanidad privada en detrimento del servicio público.

Máximo Relti.- 

Días atrás, algunos medios de comunicación del Archipiélago daban cuenta de la decisión del Gobierno de Canarias de aumentar el gasto en los conciertos sanitarios con los centros privados. Según esas informaciones, dicho gasto ascenderá a los 233 millones de euros, unos 39.000 millones de ptas. De esa cifra, las clínicas privadas percibirán la friolera de 214 millones de euros, es decir, 35.000 millones de pesetas. Los fondos destinados a estos conciertos se incrementarán alrededor de un 20% con respecto al pasado 2007. (1) Con esta nueva y astronómica asignación de recursos a los consorcios privados del negocio de la salud, el Ejecutivo de CC-PP no hace más que pisar el acelerador en un proceso de privatización de la Sanidad Pública que no tiene lugar exclusivamente en las Islas sino que, con diferentes ritmos, se está imponiendo implacablemente en el conjunto del Estado español.

Una de las grandes victorias sociales del siglo pasado fue conseguir que todos los ciudadanos tuviesen derecho a la atención sanitaria, recogido en negro sobre blanco, sin que la aplicación de este derecho haya repercutido debidamente.

Es difícil valorar si es la mayor tomadura de pelo, pero cerca esta de serlo, me refiero al empecinamiento de denominar hospital del sur a ese esperpento de proyecto que tienen diseñado para la población sureña.

Los servicios prestados por la sanidad pública en Canarias, Madrid, Valencia y Murcia son los que peor calificación obtienen entre los ciudadanos, según un reciente estudio sobre la realidad de los servicios sanitarios en el Estado español. En el caso canario, ese suspenso se viene dando de forma ininterrumpida desde el año 2004. Probablemente no es casualidad que las competencias e incompetencias en materia sanitaria de esas comunidades, lleven muchos años en manos del PP, como tampoco lo es que en Canarias, otra derecha, la que representa ATI, haya manejado directa e indirectamente sus recursos y destinos con igual desatino durante años.

Nunca hemos hecho mención al edificio de psicogeriatría, ni de manera favorable ni desfavorable. Nuestras quejas se centran en el edificio de cuatro plantas del Hospital Febles Campos que alberga a algo más de 200 pacientes. Asimismo, queremos señalar que somos miembros de la Junta de Familiares, órgano constituido en el mes de febrero y que desconocíamos que tuviera representantes.