Cándido Quintana.-

Tras leer detenidamente las contestaciones del director del Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, Antonio Machado, a una serie de preguntas que le han formulado recientemente, creo necesario hacer una serie de matizaciones a unas respuestas que parecen pretender correr un tupido velo sobre algo extremadamente importante.

David Hammerstein. Eurodiputado de Los Verdes.-

Elena Espinosa es la nueva Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. En un primer apunte positivo sobre el cambio de nombre y la fusión de agricultura y medioambiente en el nuevo gobierno de Zapatero, cabe destacar que junta e integra el "sector agrícola" de producción en el de medioambiente. Es decir, coloca la actividad agrícola de producción en un lugar medioambiental, reconociendo así lo que constituye realmente su sustancia básica: la frágil productividad primaria que realizan unos seres vivos llamados plantas y sus ecosistemas de tierra, sol y agua. Contrariamente, la visión agroindustrial canonizada por los Ministerios de Agricultura se funda en una errónea y simplificadora comprensión de las cosechas y granjas como máquinas industriales para maximizar la producción.

Deseo transmitirle mis más sinceras felicitaciones, por su reciente nombramiento al frente de un Ministerio tan importante en la época que vivimos, como el de Medio Ambiente, Medio Natural y Marino. El mundo se nos va de las manos y usted ha recibido el vital encargo de liderar la lucha contra el Cambio Climático. Es muy necesario que usted conozca, que en la Isla de Tenerife se pretenden acometer obras innecesarias y muy impactantes, que no ayudarían, en nada, a los fines por ustedes perseguidos, sino todo lo contrario. Son obras que no se entienden, a no ser que hablemos de especulación o de peligrosas huidas hacia adelante.

Rafael Rodríguez Santana, portavoz de Los Verdes en Canarias.-

El pasado 1 de marzo entró en vigor en España el  Convenio Europeo del Paisaje aprobado por el Consejo de Europa en Florencia el año 2000 y ratificado por España 8 años después (1). Desde ese día los ciudadanos tenemos un texto marco de referencia que es de obligado cumplimiento por las autoridades españolas, incluidas las autoridades canarias.