La globalización económica, que trae vientos privatizadores para el conjunto de los sistemas educativos del mundo, ha encontrado reflejo en la Ley Orgánica de Educación (LOE) recientemente aprobada por el parlamento español. Esta ley supone un ataque a la Escuela Pública, porque es una norma que, respondiendo a las políticas privatizadoras que tratan de implantarse en todo el mundo, refleja que la educación, un derecho fundamental de las personas y no un servicio sujeto a las reglas del mercado, es un servicio público que “puede ser prestado por los poderes públicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos"; cuando la verdad es que la “iniciativa social” es en realidad la empresa privada, concebida para el lucro o el adoctrinamiento, o para ambas cosas a la vez.

Se habla hoy mucho, en las tertulias radiofónicas, en la televisión, en la prensa, en las revistas científicas, del calentamiento global, de los agentes que han originado este fenómeno y de las nefastas consecuencias que puede tener en el mundo y en la población. Es un tema grave que no sólo necesita reflexión sino una acción decidida de remediarla antes de que sea irreversible, de que no tenga solución.

El sistema educativo español en las tres últimas décadas ha padecido una ley educativa cada cinco años y, realmente, eso es un auténtico disparate; puesto que no llega a consolidarse ninguna propuesta y, además, todas ellas han nacido condenadas al fracaso porque no han venido acompañadas de la correspondiente financiación que garantizara su adecuada implantación.